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La Revista Agraria Nº 57 - Lima-Perú, agosto 2004

Editorial:

Quilish, Las Bambas y la Comisión de la Verdad

En momentos de escribirse este editorial, campesinos cajamarquinos siguen manifestando su oposición a que la empresa minera Yanacocha realice labores de exploración en el cerro Quilish, argumentando que afectarán el volumen y la calidad del agua del río Porcón, que los abastece para sus actividades agrícolas y domésticas. En Apurímac, campesinos comuneros se oponen al proyecto minero Las Bambas, temerosos también de que sus efectos sobre los recursos naturales y el medio ambiente sean negativos. Según las empresas mineras y el Estado, ambas explotaciones significan -para las localidades donde se encuentran y para esos mismos campesinos que protestan- recursos y trabajo, desarrollo y prosperidad.

Esto ocurre luego de un año de haberse concluido y presentado oficialmente el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), la mayor parte de cuyas recomendaciones no han merecido la atención ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial.

¿Qué tiene que ver el informe de la CVR con los conflictos alrededor de las explotaciones mineras? En los tres casos, el tema de fondo es la situación de la población campesina. Fue ésta la más afectada por la violencia de la guerra interna y es ésta también -obviamente de otra manera y sin los extremos trágicos- la que suele ser más afectada por los efectos ambientales negativos de las explotaciones mineras, cuando no por la pérdida de sus tierras debido a ventas semiforzadas. Lo que une estas tres diferentes situaciones es que los campesinos son considerados como ciudadanos de segunda o de tercera.

Para los tres poderes del Estado, las recomendaciones de la CVR son una incómoda espina que no saben como quitársela, porque finalmente no consideran que estos ciudadanos de segunda merezcan un esfuerzo especial del Estado para compensarlos. Éste tampoco considera que deba correr el riesgo de ver disminuidas las rentas que la actividad minera le dará si le exige cuidar la calidad de vida de los campesinos, la que puede ser afectada por los riesgos ambientales.

Empresas y Estado aseguran que la actividad minera desarrollará a las poblaciones vecinas. Es cierto que desde hace ya algunos años se han elevado mucho los estándares internacionales que las empresas mineras deben respetar en cuanto al medio ambiente y su efecto en las poblaciones, y ellas se cuidan de la opinión pública internacional. Pero las empresas mineras en el Perú han refinado un discurso desarrollista -en el fondo, bastante asistencialista- que la realidad suele contradecir.

Los campesinos no están en contra el desarrollo. Por el contrario, buena parte de sus luchas ha sido y es precisamente para obtener mejores condiciones de desarrollo: mejores carreteras, mayor educación, acceso a fuentes de energía, mayor infraestructura, asistencia técnica, servicios de salud, etc. Tampoco están en contra de la actividad minera, salvo cuando significa la destrucción de su hábitat, como es el caso de Tambogrande, en Piura, y puede serlo el del cerro Quilish. La oposición es contra la manera en que se comportan las empresas mineras -generalmente, de forma altanera y prepotente-, contra los efectos ambientales adversos, contra el hecho de que no se benefician en nada, o muy poco, de la actividad misma.
Muchos observadores afirman, de buena o mala fe, que los campesinos son irracionales al oponerse a una actividad como la minera, que supuestamente es una fuente de progreso y desarrollo. Pero el escepticismo campesino viene de experiencias en diferentes partes del país, donde la minería ha sido depredadora, abusiva, y, cuando ha dado información, ésta ha sido engañosa o parcial.

El Estado debería preocuparse por ayudar a crear las condiciones para que los campesinos y las empresas mineras lleguen a negociaciones de mutuo provecho. Puesto que los campesinos suelen carecer de los recursos económicos y humanos necesarios para negociar debidamente sobre temas y problemas que pueden ser muy complejos, el Estado debería estar obligado a proveerles de dichos recursos. De esta relación ganarían todas las partes.

Mientras el Estado continúe actuando arrimándose al lado de los más poderosos, deberá esperar que los campesinos expresen su disconformidad de la manera que ellos consideran más eficaz: con sus movilizaciones. En el marco de las circunstancias adversas en las que suelen moverse, los campesinos están adoptando decisiones que son racionales.

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