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La Revista Agraria Nº 59 - Lima-Perú, octubre 2004

Coyuntura:

 

La coca de San Gabán

Con el acta de acuerdos firmada por el ministro de Agricultura, el jefe de Devida y los alcaldes de Carabaya y San Gabán, ya deben ser como veinte los acuerdos suscritos en los últimos cuatro años por el gobierno con los representantes de los campesinos cocaleros de diferentes zonas del país. ¿Qué garantías hay de que hechos como los sucedidos en las últimas semanas, en la ceja de selva puneña, no se repitan?

Como la veintena de actas anteriores, la de San Gabán también estuvo precedida de un violento enfrentamiento -con el lamentable saldo de tres muertos y diez heridos- ocurrido durante el desalojo policial de los campesinos que habían tomado la central hidroeléctrica que abastece de energía al departamento de Puno. Pero el factor desencadenante de estos hechos estuvo en los operativos policiales de erradicación forzosa de cocales y en la desatención a los reiterados llamados al diálogo que hacían las organizaciones campesinas y las autoridades municipales de la provincia de Carabaya.

Desde el Ministerio del Interior y Devida, se ha justificado la erradicación forzosa, en esta zona, en un desmedido aumento de la superficie cocalera que, sostienen, es de 3,500 hectáreas y tiene como principal destino el narcotráfico. Señalan, asimismo, que detrás de los violentos sucesos y la protesta campesina está "el narcoterrorismo". Los campesinos y alcaldes han rechazado esta acusación, considerándola calumniosa, han negado que en la zona se cultive tanta coca y han señalado que su producción se dirige en un 80% al consumo tradicional.

En la zona de Inambari-Tambopata, Enaco adquiere entre el 5% y 10% de la producción de coca, según el último "Informe de monitoreo del cultivo de coca" publicado por las Naciones Unidas, pero no hay reportes sobre las compras que efectúa la empresa estatal en San Gabán, donde la producción estimada es de 465 toneladas. En todo caso, Enaco no existe prácticamente en la zona, y Devida nunca tuvo presencia allí. Todo el problema se dejó en manos del Ministerio del Interior.

Pero, además, ya los cocaleros de La Convención y Lares (Cusco) -que también protestaron a principios de octubre- volvieron a poner en evidencia que Enaco compra hoja de coca barata de los productores (S/.50 a S/.60 por arroba), para luego venderla cara a los distribuidores que abastecen a las zonas de consumo tradicional. Esa coca llega a los consumidores de las zonas altas a un precio que fluctúa entre S/.200 y S/.220 la arroba.

Los cocaleros de San Gabán eluden esta cadena, vendiendo directamente a los acopiadores y distribuidores que llevan la coca hacia las zonas de consumo a un precio mucho más razonable, indica el economista Hugo Cabieses. "Se trata de un destino legal -señala-, aunque se considere ilegal por no pasar a través del monopolio estatal".

Cabieses no niega que pueda haber coca que vaya al narcotráfico, ni que los cultivares puedan haber aumentado en San Gabán, aunque, sostiene, de ninguna manera en la magnitud de la que se está hablando (ver recuadro). Según él, pueden haber sumado las áreas de esta zona con las de la vecina provincia de Sandia, justificándose así los operativos de erradicación ejecutados en cumplimiento del convenio suscrito con el gobierno de los Estados Unidos.

El problema de fondo está, sin embargo, en el "gran desconocimiento" sobre la situación económica y social de las poblaciones campesinas de estas zonas, y en la persistencia de una política de control de drogas fracasada que pone el acento en el manejo policial de un problema que es, básicamente, económico y social. Muestra de ello es que todos los procesos previos y desencadenantes de los conflictos han sido manejados por Devida y el Ministerio del Interior, y, al final, es el Ministerio de Agricultura la instancia que preside las mesas de diálogo y conciliación con los agricultores, cosa que no es casual, pues los problemas del campesinado y las poblaciones de las zonas cocaleras son principalmente problemas agrarios.

Los cocaleros de San Gabán son en gran parte familias campesinas provenientes de las partes altas puneñas, que migraron hacia la selva y ceja de selva en busca de mejores alternativas de vida que las ofrecidas por sus pueblos de origen. Durante años, sus principales ingresos se sustentaron en la extracción de madera y la explotación artesanal del oro, dos actividades bloqueadas desde que se eliminaron los permisos de extracción forestal y se entregaron concesiones a empresas mineras. Se trató, sin duda, de dos medidas necesarias, pero que fueron tomadas sin considerar en qué situación quedaba la población que vivía de ambas actividades.

De ahí su creciente dependencia de la coca, dado que no hay buen precio ni salida a los mercados para los frutales o la páprika que cultivan. La carretera está bien sólo hasta la Central Hidroeléctrica de San Gabán; de allí para adentro es intransitable. Ni la energía de la central les llega y, por si fuera poco, ésta adeuda S/.4 millones al municipio de Carabaya, por arbitrios que no paga.

El acta de acuerdos firmada por los representantes del gobierno con los del pueblo de San Gabán, considera acciones orientadas a la reducción progresiva de los cocales, la titulación de tierras, la ejecución de estudios para evaluar la capacidad de los suelos, la promoción de cultivos alternativos con créditos y asistencia técnica, así como el mejoramiento de las vías de comunicación y la electrificación de la zona, entre otras. La mesa de diálogo instalada deberá reunirse el próximo 14 de diciembre para evaluar el cumplimiento de los acuerdos. En San Gabán esperan avances concretos; de lo contrario, el conflicto puede volver a estallar. Entre tanto, los cocaleros de Monzón anuncian nuevas movilizaciones ante el incumplimiento del acta firmada con ellos hace varios meses.

 

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